Canadá: Restricciones migratorias, lucha estudiantil y corrupción

Canadá despide 2012 con un panorama sociopolítico marcado por la promoción de medidas que dificultan la llegada o permanencia de extranjeros, casos de corrupción en altos funcionarios públicos e intensas protestas estudiantiles en Quebec contra medidas de corte neoliberal.

Durante este año, el gobierno conservador del primer ministro Stephen Harper apretó aun más las tuercas en la esfera migratoria con el fin de solo atraer y dejar en el país a quienes realmente se ajusten a sus requisitos y objetivos trazados bajo el argumento de desarrollar la economía.

El ministro del ramo, Jason Kenney, fue blanco de las críticas de defensores de derechos humanos, activistas sociales y expertos en el tema tras adoptar reformas consideradas discriminatorias porque le otorgan demasiado poder hasta para deportar o negar la entrada a personas que, a su juicio, no cumplen con las exigencias de Ottawa.

Las censuras repuntaron con el cese de las solicitudes de residencia a padres y abuelos de inmigrantes y la entrada en vigor de la llamada súpervisa, un paso visto por muchos como un obstáculo a la reunificación familiar y también el comienzo del cierre de las puertas de Canadá.

Ese último documento autoriza varios viajes al estado norteño durante un período de 10 años, pero debe ser renovado cada dos.

Sin embargo, para acceder al permiso los beneficiarios deben demostrar que tienen estabilidad financiera en sus países de origen, regresarán cuando expire el plazo concedido, pagar un seguro sanitario de hasta seis mil dólares y realizar un chequeo médico sin tener garantías.

Un artículo del diario canadiense El Popular denunció que la medida forma parte de una estrategia escondida y gradual de las autoridades federales iniciada en 2006 y encaminada a penalizar a ciudadanos de otras naciones.

También en este año, Canadá modificó la ley de refugios y ahora el ministro Kenney o funcionarios de su despacho deciden hasta cuando alguien necesita asilo, aunque tenga residencia.

El titular presentó al Parlamento una controvertida legislación para deportar o frenar la llegada de ciudadanos foráneos con antecedentes penales, pese a las críticas de la oposición y de expertos porque la iniciativa otorga demasiados poderes al ministro de Inmigración.

La Ley para la Rápida Expulsión de Criminales Extranjeros acelerará las repatriaciones de convictos sentenciados a más de seis meses en la cárcel, elimina los recursos que interponen los inmigrantes acusados supuestamente de crímenes graves para evitar su expulsión y aumenta las penas para quienes incumplan las leyes.

Asimismo, Ottawa exige desde el pasado 1 de noviembre un examen obligatorio del manejo adecuado de inglés o francés para medir la fluidez oral de los individuos que pidan la naturalizacion.

Los solicitantes deben presentar por anticipado pruebas evidentes de su conocimiento en ambas lenguas oficiales y, de resultar insatisfactorio, están obligados a entrevistarse con un juez de ciudadanía para valorar su caso.

Para Debbie Douglas, directora ejecutiva del Consejo de Agencias de Servicio al Inmigrante de Ontario, la herramienta podría discriminar a personas procedentes de países no angloparlantes.

Mientras, Naomi Alboim, exviceministra de Inmigración, consideró la propuesta contraproducente y vaticinó que traerá como consecuencia la exclusión de una masa importante de trabajadores que pueden impulsar la economía nacional con un poco de asistencia federal.

Esos y otros proyectos discuerdan con las supuestas facilidades que Canadá a los inmigrantes otorga para enfrentar el acelerado envejecimiento de su población.

Cada año el país recibe al menos 250 mil extranjeros en busca de oportunidades laborales y ese sector será responsable del 80 por ciento del incremento demográfico en 2031, según un reciente estudio de las empresas Ipsos Reid y Postmedia News.

Otro hecho significativo este año en Canadá, fueron las intensas protestas de estudiantes de Quebec contra el aumento en mil 625 dólares de las matrículas universitarias y la controvertida Ley 78, aprobada el 18 de mayo por el legislativo provincial y que establece restricciones para los actos públicos organizados.

Esa última medida obliga a comunicar a las autoridades, con al menos ocho de horas de antelación, la ruta de las manifestaciones que incluya a más de 50 personas, a riesgo de fuertes multas para los infractores.

Durante varios meses, más de 170 mil jóvenes paralizaron esa provincia con huelgas diarias, bloqueos de puentes y carreteras en rechazo a ambas iniciativas del gobierno liberal del primer ministro Jean Charest.

La huelga estudiantil, la más larga en la historia de Quebec, se sustentó en asambleas de masas frecuentes y debates, así como en movilizaciones fuera de las casas de altos estudios.

La huelga tuvo eco en el continente americano y también en Europa. La represión policial contra el movimiento pacífico y los arrestos de cientos de escolares con la consecuente imposición de cargos criminales, despertaron la solidaridad de la ciudadanía.

Según la publicación digital Global Research, miles de canadienses criticaron la posición de las autoridades quebequenses en programas de entrevistas y cartas a varios periódicos.

El conflicto con los universitarios, junto con fuertes problemas de corrupción, conllevó a la derrota de los liberales en las elecciones parlamentarias del 4 de septiembre frente al independentista Partido Quebequés (PQ).

Con una década en el poder, Charest adelantó los comicios en el verano con la esperanza de reelegirse, pero sus cálculos fracasaron y la población dio la victoria a Pauline Marois, primera mujer que llega al gobierno del territorio francófono.

El PQ regresó al Ejecutivo quebequense justo cuando altos funcionarios de la provincia figuran entre los principales implicados en varios escándalos por corrupción y colaboración con los grupos mafiosos italianos conocidos como Hells Angels, los clanes La Calabresa y La Cosa Nostra.

La comisión Charbonneau indaga desde finales de 2011 cómo esa organizaciones criminales lograron incursionar e infiltrarse en la industria de la construcción de ciudades como Laval y Montreal, esta última con fama de ser una de las mejores urbes del mundo por su calidad de vida y multiculturalismo.

Bajo esa premisa, el comité ha entrevistado a dirigentes sindicales, ingenieros, abogados, investigadores, empresarios, políticos y hasta agentes infiltrados para descubrir contratos ilícitos en la construcción de aceras, alcantarillas y el asfaltado de esas metrópolis.

Además busca traer a la luz los financiamientos ilegales hechos a partidos a cambio de favores, luego que un exjefe de la unidad anticorrupción del territorio declaró que 70 por ciento del dinero recaudado por organizaciones políticas era “sucio”.

La pesquisas revelaron la participación del exalcalde montrealés, Gerald Tremblay, en reuniones arregladas con empresas de la construcción a fin de pactar donativos ilegales para su partido desde 2008, así como la contabilidad doble, una oficial y otra oficiosa, de esa agrupación. Tremblay renunció a su cargo y a la política en noviembre, luego de 

admitir la responsabilidad total por los resultados de la investigación.

El edil de Laval, Gilles Vaillancourt, le siguió los pasos y dimitió también tras los allanamientos en sus dos casas, oficina e intervenciones en sus cuentas bancarias como parte de la operación anti-corrupción.

Los integrantes de la comisión Charbonneau confiscaron varios documentos confidenciales del ayuntamiento vinculados con el funcionario, con 23 años en el puesto.

Sus investigaciones deben concluir para finales del año 2013 y si quedan inconclusas, entonces deberán ser prolongadas.

*Periodista de la redacción Norteamérica de Prensa Latina

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